jueves, 22 de junio de 2017

José Alberto Díaz y el gerente de Visocan firman el convenio de colaboración para ayudar al pago del alquiler a las familias con dificultades económicas de las 119 viviendas de San Matías

El alcalde se reunió en asamblea con los vecinos, en pasados días, para informarles de los detalles del convenio, obteniendo una gran aceptación
Firma del convenio 119 viviendas de San Matías.

Firma del convenio 119 viviendas de San Matías.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el gerente de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), Víctor González, han formalizado hoy con sus respectivas firmas el convenio de colaboración para contribuir al pago del alquiler a familias con dificultades económicas del grupo de las 119 viviendas protegidas en San Matías. En el acto de la firma estaban también presentes la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León; y la concejala de Bienestar Social, Flora Marrero.

El pasado 9 de junio, el regidor lagunero junto con consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, anunciaron la firma del acuerdo, el primero de este tipo que se produce en Canarias, para ayudar a pagar el alquiler a las familias con dificultades económicas de las 119 viviendas de San Matías, que es la única promoción de vivienda pública con un régimen de alquiler privado en las Islas, cuyo titular es Visocan.

José Alberto Díaz reitera al respecto que ha sido “la culminación de un trabajo de dos años y que con este convenio se logra una vía de apoyo a una situación que están padeciendo algunos vecinos de La Laguna, a los que el Ayuntamiento respalda para que puedan hacer frente el pago de los alquileres”. Ese mismo día, el alcalde convocó a los vecinos de las 119 viviendas de San Matías a quienes les informó del acuerdo alcanzado, y obtuvo una grata respuesta por parte de los beneficiarios. La línea de colaboración abierta entre el Ayuntamiento y la Consejería es pionera en Canarias y servirá de ejemplo para otros municipios de las Islas que pudieran estar en una situación similar.

El acuerdo recoge que las familias con dificultades económicas probadas pagarán una renta mínima de 50 euros mensuales, y con la ayuda pública se completará la cuantía restante hasta cubrir la totalidad del importe del alquiler. Además, el departamento regional de Vivienda establece los precios máximos de alquiler de las viviendas arrendadas mediante la modificación de los contratos vigentes. También se estudiará la posibilidad de cambiar el régimen de titularidad de las viviendas, del alquiler actual a la propiedad, para aquellas familias que abonan sus rentas de alquiler con normalidad, sin acceder a ayudas.

 

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